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Salazar espera audiencia tras aprehensión y Gobierno formaliza querella

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El Gobierno boliviano formalizó una querella criminal contra los presuntos cabecillas de los bloqueos de carreteras que se extendieron durante 53 días en Bolivia, afectando el abastecimiento, el transporte y la economía nacional. La acción fue presentada de manera conjunta por los ministerios de Gobierno y Defensa ante el Ministerio Público, como parte de las investigaciones por los hechos registrados en mayo y junio. “Ya hemos presentado y es parte de las 44 denuncias que se hicieron llegar a la Fiscalía”, informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en declaraciones a EL DEBER durante su visita a Tarija. La autoridad convocó a la sociedad civil afectada por los bloqueos a presentar querellas criminales contra los instigadores, entre ellos Evo Morales, con el objetivo de fortalecer los procesos judiciales. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ratificó que el Ejecutivo dará seguimiento al proceso judicial para evitar que los involucrados queden en la impunidad. “Hay todo un proceso que se les va a seguir por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa. Además, esperamos que se sumen denuncias penales de la sociedad organizada”, afirmó tras participar en actos protocolares por el aniversario de Tarija. Entre los nombres incluidos en la querella figuran Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar, además de otros presuntos responsables. En este contexto, la Policía ejecutó este sábado la orden de aprehensión de Vicente Salazar, ejecutivo de la Federación de Campesinos Túpac Katari, quien fue uno de los líderes de los bloqueos en el departamento de La Paz. El Ministerio de Gobierno informó que Salazar fue encontrado en una camioneta Hilux en la ciudad de El Alto y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde deberá esperar la imputación de la Fiscalía antes de ser puesto ante un juez. Salazar impulsó las protestas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz y firmó un pacto de unidad con la Central Obrera Boliviana (COB) para coordinar las movilizaciones. Tras las protestas, el senador Nilton Condori lo acusó de recibir dinero mensual del Gobierno, extremo que el dirigente rechazó. Salazar ya había sido capturado el 10 de junio durante una manifestación en el centro de La Paz, pero fue liberado horas después bajo el argumento de aprehensión indebida. ERBOL Y EL DEBER

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Caso Tariquía: YPFB desiste de proceso contra comunarios

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desistió del recurso de apelación restringida presentado dentro del proceso penal seguido contra comunarios del municipio de Entre Ríos (Tarija), ratificando la sentencia absolutoria. Asimismo, anunció una estrategia basada en el diálogo para impulsar el desarrollo del proyecto gasífero Tariquía. La empresa estatal informó el viernes que el desistimiento fue presentado ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, como parte de una estrategia orientada a privilegiar la concertación con las comunidades involucradas. YPFB anunció que también promoverá la suscripción de un acuerdo transaccional extraprocesal para poner fin a la controversia por la vía legal. El presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca Oller, señaló que la decisión responde a la convicción de que el diálogo es la mejor vía para compatibilizar el desarrollo energético con los intereses de las comunidades y del país. «Estamos desistiendo de la apelación no por debilidad, sino por la convicción de que el camino correcto es el diálogo y la construcción de acuerdos para bien de las comunidades, del departamento y del país. Queremos preservar nuestros recursos naturales y avanzar de manera conjunta«, afirmó. La autoridad informó que la estatal gestionará el archivo definitivo del proceso judicial y convocará a las instituciones y comunidades vinculadas al proyecto para instalar mesas de trabajo técnico destinadas a construir acuerdos y atender las preocupaciones existentes sobre su desarrollo. Los comunarios fueron absueltos tras un juicio donde se les acusaba de estorbar funciones y atentar contra el derecho al trabajo, por sus acciones en contra del proyecto gasífero Tariquía. El proyecto de exploración de hidrocarburos en Tariquía ha generado controversia en los últimos años. Mientras el Estado impulsa su desarrollo por su potencial gasífero, sectores que defienden la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía sostienen que las actividades de exploración podrían afectar el ecosistema y las actividades productivas de las comunidades de la región. De acuerdo con la empresa estatal, el proyecto enfrentó dificultades para su ejecución debido, entre otros factores, al proceso judicial iniciado en 2022 y al conflicto social surgido en torno a las actividades de exploración. Con el desistimiento de la acción penal, YPFB considera que elimina uno de los principales factores de controversia y abre una nueva etapa de concertación para viabilizar el proyecto mediante el diálogo con las comunidades. ERBOL

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Gasolina en mal estado: denuncian trabas en resarcimientos

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El abogado Mauricio Filmann Urzagaste Calle denunció que decenas de personas afectadas por la mala calidad del combustible enfrentan obstáculos para cobrar el resarcimiento económico aprobado por las autoridades, debido a restricciones aplicadas por una entidad bancaria. Según explicó, las principales dificultades afectan a herederos con declaratoria de herederos y a poseedores de vehículos que, pese a acreditar legalmente su derecho, no pueden acceder al pago. Cuestionó que la entidad financiera invoque normas internas para negar el desembolso a quienes no figuran como titulares originales del motorizado. “El banco no puede desconocer los derechos de los herederos forzosos ni de los poseedores que cumplen con los requisitos establecidos. Se está vulnerando el derecho de personas con documentación legal”, afirmó Filmann. El jurista señaló que la problemática se presenta desde abril y aseguró que el número de afectados continúa en aumento. Indicó que durante una jornada de reclamos logró identificar a más de 20 personas con la misma dificultad, aunque estima que diariamente más de un centenar acude a realizar consultas o presentar quejas. Entre los casos expuestos figura el de una viuda con declaratoria de herederos, certificado de defunción y demás documentos exigidos, que no pudo cobrar el resarcimiento económico porque el cheque fue emitido a nombre de su esposo fallecido. De acuerdo con su denuncia, en la entidad bancaria le indicaron que el titular debía presentarse personalmente para recibir el pago. Filmann informó que los afectados presentarán una queja formal para exigir una solución inmediata y que se garantice el pago de los resarcimientos a quienes acrediten legalmente su derecho. Los montos observados oscilan entre 4.800 y 25.000 bolivianos, dependiendo de cada caso. MARISOL MURILLO-RTP

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Cindy Sarai pide retirar acusación contra Evo Morales

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La presunta víctima en el proceso por trata de personas contra el expresidente Evo Morales, Cindy Sarai V. P., presentó una solicitud formal dirigida al Fiscal Departamental de Tarija para que el Ministerio Público retire la acusación fiscal, argumentando que no existió delito, explotación ni víctima que justifique la continuidad del proceso. En el memorial, difundido por la Red DTV, Cindy sostiene que la acusación fue formulada de manera forzada y que el tipo penal de trata de personas no se configura, pues nunca existieron los elementos constitutivos del delito. Reitera que no fue víctima de ningún hecho ilícito. La solicitante afirma que nunca sufrió explotación ni vulneración de derechos y acusa al Ministerio Público de instrumentalizar la protección de la niñez para sostener una acusación “sin sustento jurídico y fáctico”. Además, asegura que el proceso responde a intereses políticos. También señala que nunca autorizó al Sepdavi, a la Defensoría de la Niñez ni a otra institución a representarla dentro del proceso penal, rechazando cualquier actuación en su nombre. Con esos argumentos, Cindy Sarai solicita al Fiscal Departamental instruir a la comisión de fiscales el retiro de la acusación presentada ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Tarija, donde el caso ya cuenta con auto de apertura de juicio. ANF

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Comité pro Santa Cruz presenta denuncia penal contra Evo, Argollo y Salazar por los daños económicos provocados por los bloqueos

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El Comité pro Santa Cruz formalizó este miércoles una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales, además de Mario Argollo y Vicente Salazar, a quienes identifica como responsables de los bloqueos registrados entre mayo y junio y sus consecuencias en el país. El presidente de la entidad cívica, Stello Cochamanidis, informó que la denuncia incluye nueve delitos, entre los que destacan terrorismo, financiamiento al terrorismo y alzamiento armado. “Aquí tienen que haber responsables de las muertes, de los más de 3.000 millones de dólares que se han perdido con las carreteras bloqueadas y destruidas, pero sobre todo con el daño que han hecho a todo un país durante 53 días”, sostuvo el dirigente. De acuerdo con Cochamanidis, las movilizaciones que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz fueron impulsadas por la Central Obrera Boliviana, encabezada por Argollo, y la federación Túpac Katari, liderada por Salazar; sin embargo, remarcó que el principal responsable sería Morales. “No nos olvidemos que el principal causante de esto es el delincuente de Evo Morales, el terrorista Evo Morales y quien financió todo ese movimiento aquí están, por eso así lo hemos identificado”, afirmó. (CORREO DEL SUR)

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Destituyen al director de la cárcel de San Pedro por una fiesta dentro de el recinto penal

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El director general de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida, explicó que el director del penal de San Pedro, coronel Juan Carlos Andia, fue destituido de su cargo. Esto después de conocer la difusión en redes sociales de una fiesta con personas privadas de libertad, dentro del recinto. «El coronel Andia, el director de San Pedro, ha sido ya separado de sus funciones. Tenemos otro director en el recinto penitenciario», afirmó Mérida. De manera preliminar se conoce que la fiesta fue organizada por el exmilitar y ahora recluso Rurig Covarrubias. Según los datos preliminares, el hecho investigado habría ocurrido el pasado 12 de mayo y posiblemente correspondía al cumpleaños de Covarrubias. También informó que la denuncia fue presentada por la esposa de un privado de libertad que fue trasladado al penal de Chonchocoro por razones de seguridad, aunque remarcó que esa circunstancia no resta credibilidad a la denuncia. Se conoció que la destitución de Andia no lo va a eximir de las responsabilidades que pudieran establecerse en la investigación. Asimismo, Mérida indicó que se ha instruido a la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria la elaboración de un informe detallado para establecer las circunstancias en las que se realizó la actividad, quiénes participaron, si existió autorización y si se vulneró la normativa vigente. (EL DEBER)

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Cívicos de Santa Cruz anuncian la presentación de denuncias penales contra Evo, Argollo y Salazar por los bloqueos

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El Comité pro Santa Cruz confirmó, tras una reunión con representantes del Gobierno nacional, que denunciará penalmente al líder cocalero Evo Morales, el representante de la Central Obrera Boliviana (COB) Mario Argollo, y el secretario de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz ‘Túpac Katari’, Vicente Salazar además señaló a la diputada Patricia Patiño, el senador Nilton Condori y el vicepresidente del Estado, Edmand Lara como “actores que desde el poder legislativo que estuvieron instigando a los bloqueos”. En conferencia de prensa, realizada este sábado, el presidente del ente cívico, Stello Cochamanidis, manifestó que desde esta entidad se va a “atacar” a quienes fueron los causantes de los más de 50 días que duró el conflicto. “De parte del Comité pro Santa Cruz entendemos que hay responsables de esto y tendrán que pagar. Para eso también el Gobierno nacional tendrá que actuar como corresponde”, dijo Cochamanidis. La mañana de este sábado, la dirigencia cívica cruceña sostuvo una reunión con el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano; el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; además de representantes de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. En este encuentro, evaluaron la situación del país tras el levantamiento de los bloqueos y coordinaron acciones orientadas a garantizar la seguridad y evitar nuevos conflictos. Sobre esto, el ministro Oviedo adelantó que las fuerzas del orden cuentan con registros de personas identificadas como responsables de financiar, organizar y ejecutar los bloqueos, principalmente desde el Trópico de Cochabamba, y aseguró que las aprehensiones continuarán conforme avancen las investigaciones. “Hay una tarea de inteligencia que ha realizado la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. Se tiene el registro de personas que han financiado y operativizado los bloqueos con financiamiento”, complementó. A su vez, el ministro Justiniano, destacó que ya transcurrieron cinco días sin bloqueos en el país y afirmó que existe un escenario de normalidad en todo el territorio nacional. “Estamos reforzando el control y el patrullaje sobre las áreas sensibles del Estado. Queremos que la ciudadanía entienda de que este es un trabajo para proteger a la gente, las instituciones del Estado, los aeropuertos y los centros de distribución de combustible”, complementó. Finalmente, manifestó que el país necesita orden, legalidad y respeto a la propiedad. Por eso, se están realizando todos los esfuerzos en medidas de seguridad para que todo esto se lleve adelante. (EL DEBER)

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Umopar retorna al retén de El Castillo tras acuerdo con cocaleros del Chapare

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La Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) regresará al retén antidroga de El Castillo, en el municipio de Villa Tunari, después de alcanzar un acuerdo con representantes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Sin embargo, los productores de coca advirtieron que la vigilia instalada en la zona no se levantará y que permanecerán atentos al desempeño de los efectivos durante las tareas de interdicción al narcotráfico. El entendimiento fue formalizado este sábado mediante la firma de un acta entre el comandante de Umopar y dirigentes cocaleros, tras una serie de reuniones destinadas a restablecer las operaciones en el puesto de control y evitar nuevos enfrentamientos. Pese al retorno de los efectivos, los dirigentes dejaron claro que las bases no abandonarán la vigilancia instalada en el sector. “La vigilia se mantiene por cuestión de seguridad en el punto de Castillo, porque sabemos las constantes amenazas de este Gobierno de querer intervenir y detener a nuestro expresidente Evo Morales”, señaló uno de los representantes de las Seis Federaciones del Trópico. Los cocaleros realizarán un seguimiento permanente al trabajo de Umopar y aseguraron que, si vuelven a surgir diferencias o denuncias sobre el accionar de los uniformados, se convocarán nuevas reuniones para buscar soluciones mediante el diálogo. Denuncias de abusos Los dirigentes cocaleros denunciaron abusos, extorsiones y cobros irregulares atribuidos a algunos efectivos de Umopar durante los controles realizados en esa zona. Las organizaciones del Trópico sostienen que nunca se opusieron a las tareas de lucha contra el narcotráfico, aunque exigen que los operativos se desarrollen respetando los derechos de los productores y sin incurrir en presuntas irregularidades. Dirigentes de las Seis Federaciones también vincularon la permanencia de la vigilia con el temor a una eventual intervención de fuerzas del orden para ejecutar la aprehensión del expresidente Evo Morales cuando el país cumple una semana de estado de excepción. (BRÚJULA DIGITAL)

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Magistratura revisará caso Soboce por influencias

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El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, informó que la institución realizará un levantamiento técnico para revisar las actuaciones judiciales vinculadas al denominado caso Rodríguez Zapatero, luego de la difusión de un informe de la Policía española. De acuerdo con ese informe, el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, habría utilizado su influencia en Bolivia para favorecer a Soboce en un proceso judicial relacionado con el pago de 107 millones de dólares a Fancesa. La autoridad explicó que la revisión técnica permitirá establecer si existieron irregularidades en la actuación de los vocales de una Sala Constitucional que emitió el fallo observado. Asimismo, señaló que, de encontrarse indicios de manipulación o vulneración de la normativa, el Consejo de la Magistratura iniciará las acciones legales correspondientes, incluyendo un proceso penal contra las autoridades judiciales que pudieran resultar responsables. El levantamiento técnico busca determinar si las decisiones adoptadas se enmarcaron en la legalidad y garantizar la transparencia en la administración de justicia. El informe de la Policía española (UDEF) sostiene que José Luis Rodríguez Zapatero recibió 200.000 euros mediante contratos simulados para influir en autoridades bolivianas y favorecer al Grupo Gloria en el litigio con Fancesa-Soboce. El expresidente Luis Arce negó cualquier vinculación o tráfico de influencias en este caso. “No estoy involucrado en ningún tráfico de influencias que haya favorecido a Soboce o alguna otra empresa privada”- La diputada de la bancada Unidad Daniela Cabrera rechazó que se intente involucrar a Samuel Doria Medina en la investigación conocida como el caso Rodríguez Zapatero, que indaga un presunto tráfico de influencias a favor de la empresa Soboce. “Samuel Doria Medina no tiene que ser vinculado en este proceso porque él ya se ha desvinculado, y es de conocimiento público, legal, de que hace más de 10 años ya no es parte de Soboce”. MARISOL MURILLO-RTP

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Senado conforma comisión de investigación para el caso Narcomaderas

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La jefa de bancada de Libre, Tomasa Yarhui, propuso los pasados días la conformación de una comisión especial para investigar el caso de lasNarcomaderas que fueron incautadas en Chile y posteriormente en Brasil. La tarde de este jueves la misma fue conformada por cada representación política en esta instancia legislativa Recordemos que en Chile se decomisaron 108 toneladas de droga de cocaína y ketamina, y en Brasil 50 toneladas de cocaína provenientes de Bolivia utilizando un método sofisticado: impregnando la droga en la madera. El analista político e investigador del narcotrafico en Bolivia señaló que toda investigación debe partir en las instalaciones que deben controlar la salida de las maderas en el país, la Aduana, la FELCN, además de las empresas madereras, la ABT y otras. Esta actividad, considerada con mayor salida de droga a otros países, sería más grande que la de Marset y ahora catalogada como «cartel forestal» por el entendido. ROSSÍO VÍA PERIODISTA DEL SISTEMA RTP

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