Seguridad

AJAM denuncia suplantación de funcionarios en La Asunta y anuncia acciones legales

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) alertó a la población sobre la presencia de personas que se hicieron pasar por funcionarios de la institución en el municipio de La Asunta, La Paz y anuncia acciones legales para esclarecer los hechos. Según reportes preliminares, el presidente de la Urbanización Los Tajibos, Roger Wilmer Reyes Ortiz, y el secretario general de La Asunta, Andrés Callancho Mamani, presuntamente habrían participado en la contratación de personas ajenas a la AJAM, quienes se presentaron como funcionarios de la institución para efectuar una inspección durante la pasada semana. «Estas acciones tendrían como aparente finalidad generar denuncias presuntamente falsas y ejercer presión sobre terceros». La entidad aclaró que no autorizó ni ejecutó ninguna comisión, inspección u operativo en esa zona. Todo servidor público de la institución desarrolla sus funciones debidamente acreditado y en el marco de procedimientos oficiales. En consecuencia, cualquier persona que invoque representación institucional sin autorización actúa al margen de la ley«, se lee en el comunicado de la entidad. La entidad solicitó a la población no dejarse sorprender y denunciar ante las autoridades competentes cualquier caso de suplantación de identidad institucional o uso indebido del nombre de la AJAM. Ante esa situación, se solicitó a las autoridades competentes investigar los hechos con celeridad, identificar a los presuntos responsables y aplicar las sanciones que correspondan conforme a la normativa vigente. Pobladores de La Asunta advirtieron la presencia de personas sospechosas y procedieron a identificarlas. Entre ellas se encontraban Johnny Balderrama Rojas y Gregorio Laura Landaeta, señalados como miembros del Ejército Boliviano. Además, se conoció que estaban acompañados por otros individuos y que disponían de vehículos para su desplazamiento. AJAM

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Justicia envía a la cárcel a reclutadores de bolivianos para la guerra

Un juez dispuso 60 días de detención preventiva para tres personas investigadas por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos que eran enviados a Rusia, país que mantiene un conflicto bélico con Ucrania. Los imputados son el hermano, el hijo y el exyerno de Amador M., señalado como el principal sospechoso y presunto cabecilla de la organización. De acuerdo con la investigación, la red captaba a jóvenes con falsas ofertas de empleo relacionadas con el rubro de la construcción, pero posteriormente estos eran enviados al frente de batalla, según informó Unitel. La Fiscalía fundamentó la medida cautelar al considerar que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación, dentro del proceso abierto por el delito de trata y tráfico de personas. Los tres investigados fueron aprehendidos la noche del 16 de julio durante allanamientos, en los que las autoridades encontraron más de 50 pasaportes en su poder. Durante la audiencia, la defensa sostuvo que sus clientes «solo eran tramitadores» y negó que integraran una organización dedicada al reclutamiento de personas. Entretanto, las investigaciones continúan para establecer el alcance de la presunta red y dar con el paradero de Amador M., quien permanece prófugo y es identificado por el Ministerio Público como el principal investigado y supuesto líder de la organización. MUERTES Familiares denunciaron el fallecimiento de dos jóvenes cruceños en combate, identificados como José María Soleto (29 años) e Iván Valdivia (28 años). Ambos viajaron en abril engañados por una oferta de construcción y pintura. El viceministro de Gestión Consular e Institucional, Héctor Huanca, informó que se estima que alrededor de 16 compatriotas estarían en la zona del conflicto. “Son datos que estamos por confirmar, de acuerdo a la reunión con los familiares, hay aproximadamente unos 16 ciudadanos bolivianos que se encontrarían en estos lugares”, indicó Huanca, en entrevista con Btv. La autoridad aclaró que no se trata de un dato oficial y explicó que la información surgió a partir de las denuncias presentadas por los familiares. Los reclutadores captaban a las víctimas prometiendo un pago inicial de 16.000 dólares. Sin embargo, los reportes diplomáticos detallan que en Rusia se ofrecen contratos falsificados con seguros de vida de hasta 500.000 dólares y sueldos mensuales de 7.000 dólares para enviarlos a primera línea. El vicecanciller Carlos Paz y el viceministerio consular coordinan directamente con la Embajada en Moscú. Han enviado solicitudes formales de información al Gobierno de Rusia debido al «hermetismo y silencio» mostrado por las autoridades de ese país. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, junto a la Unidad de Asuntos Internacionales, amplió las solicitudes de información a Perú, Colombia y Venezuela para desmantelar lo que se presume es una red de trata transnacional. La Asociación Boliviana de Derechos Humanos exigió formalmente al Gobierno boliviano elevar y denunciar este caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) al tratarse de un delito de lesa humanidad (trata de personas para conflictos armados). El embajador de Rusia, Dmitry Vérchenko, emitió un comunicado descartando de manera «rotunda y categórica» cualquier vínculo de su delegación diplomática o de su Gobierno con los sistemas de reclutamiento ilegal en Bolivia y acusó a Ucrania por el caso. En tanto, el cónsul de Ucrania Heorhii Erman alertó públicamente que las fuerzas rusas usan de manera sistemática contratos laborales fraudulentos para atraer a civiles extranjeros de forma ilegal a su ejército Según un análisis de RTP Mundo, el mercenarismo y el uso de combatientes extranjeros se ha convertido en un rasgo sistémico y estructural tanto en Rusia como en Ucrania, con marcadas diferencias. El conflicto Rusia-Ucrania superó a la Segunda Guerra Mundial en Europa en duración continua (más de 4 años y 4 meses desde 2022) y en generar el mayor éxodo de refugiados con 15 millones de personas. El estilo de combate revivió las trincheras y el uso masivo de artillería pesada típicos de los años 40. Sin embargo, las muertes estimadas están muy lejos de los 70 millones de víctimas de la conflagración mundial. Es la guerra de desgaste más larga y destructiva registrada en el continente europeo desde 1945. RTP,El Deber, El Día, BTV

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Fiscalía acusa por cinco delitos a dirigente de la CSUTCB

La Fiscalía de La Paz amplió las investigaciones sobre los bloqueos de caminos registrados entre mayo y junio y ejecutó la aprehensión del dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), David Quispe Machaca, quien fue puesto a disposición de una comisión de fiscales la noche del viernes. De acuerdo con el Ministerio Público, Quispe es investigado por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos tipificados en el Código Penal. La investigación sostiene que, en su condición de secretario ejecutivo de la CSUTCB, el dirigente habría convocado a ampliados y cabildos sindicales, además de emitir declaraciones públicas relacionadas con las medidas de presión durante el paro indefinido declarado por la Central Obrera Boliviana (COB) el 1 de mayo. Con esos elementos, la comisión de fiscales emitió un mandamiento fundamentado de aprehensión, en aplicación del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. La orden fue ejecutada la noche del viernes, y Quispe permanece en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a la espera de la imputación formal y de las medidas cautelares correspondientes. El proceso está bajo control del Juzgado Primero de Instrucción Penal Cautelar de La Paz, dentro de una investigación impulsada por el Ministerio de Gobierno contra Quispe y otros dirigentes por la presunta organización y ejecución de los bloqueos. El fiscal departamental Luis Carlos Torrez informó que existen 114 procesos penales abiertos relacionados con los conflictos, en los que 335 personas figuran como investigadas. De ese total, 75 causas fueron iniciadas de oficio y 26 personas cumplen detención preventiva. Torrez aclaró que el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, no cuenta con orden de aprehensión dentro de estos procesos, aunque sí tiene un mandamiento pendiente por una causa anterior. ERBOL

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Investigan muerte de instructor de paracaidismo

La FELCC investiga una posible falla en el sistema de apertura del paracaídas tras el fallecimiento del teniente José Raúl C. M. durante la clausura del Curso Básico Militar de Paracaidismo en San Benito, Cochabamba, de acuerdo a los reportes preliminares. Según el periódico El Diario, el militar realizaba su séptimo salto y sufrió una caída libre de 3 kilómetros. El mismo medio refiere que testigos señalaron que el paracaídas sí se desplegó, aunque el instructor habría tenido dificultades para controlarlo durante el descenso. Tras conocerse el fallecimiento, personal de la Policía, la Fiscalía y equipos de investigación se trasladaron a San Benito para recolectar evidencias. El cuerpo fue llevado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia médico-legal, que permitirá determinar las causas del deceso y aportar mayores elementos a la investigación. «La autopsia nos va a dar luces para saber cuál fue el motivo del por qué él no habría activado su dispositivo para que el paracaídas se abra”, declaró un jefe policial al mencionar que la víctima sufrió politraumatismos. El Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, anunció investigaciones técnicas y administrativas para establecer las circunstancias del fallecimiento del instructor militar. “El Ejército dispuso investigaciones técnicas y administrativas para establecer las circunstancias del hecho, mientras el Ministerio de Defensa expresa su solidaridad con la familia y reafirma su compromiso con la seguridad del personal militar”, indica el comunicado de esa institución. EL DIARIO Y VISIÓN 360

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“Me tenían como un trofeo político”, Zúñiga vuelve a casa y pide “justicia independiente” para sus camaradas

“Me tenían como un trofeo político”, enfatizó el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, tras retornar la noche de este viernes a su domicilio en la ciudad de La Paz, luego de que la justicia determinara que continúe con detención domiciliaria su proceso por el caso de la revuelta miliar ocurrida el 26 de junio de 2024 en plaza Murillo. En un video publicado en la red social Tik Tok, pidió además que sus camaradas implicados en el mismo proceso sean juzgados por una justicia independiente e imparcial. “Pido a la justicia que sea independiente, imparcial con los camaradas. No puede ser que les hayan quitado los sueldos, que les hayan sancionado de esa manera, de la manera más drástica. Esa sanción ha llegado a las familias, a los hijos que nada tienen que ver”, afirmó en el audiovisual, en el que aparece en el living de su casa junto a Coti Bedregal, una representante de la organización “Vigilia de DDHH y garantías fundamentales”. En video agradece, además, a su familia y a los medios de comunicación que informaron sobre su caso, desde que hace dos años fue detenido luego de protagonizar una revuelta militar en la plaza Murillo, que el gobierno del entonces presidente Luis Arce denunció como un intento de golpe de Estado, mientras que Zúñiga sostiene desde ese mismo día que actuó por órdenes del propio Arce. VISIÓN 360

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AJAM evidencia minería ilegal a «gran escala» en la comunidad Mayaya: anuncia que se iniciarán acciones legales

FOTO: AJAM Una comisión técnica de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) evidenció indicios de actividades extractivas ilegales en el área minera denominada «Venceremos», ubicada en la comunidad de Mayaya, en el departamento de La Paz. Anunció el inicio de acciones legales. De acuerdo a un reporte institucional, la inspección se desarrolló el 15 de julio de 2026, con un recorrido por distintos sectores del área minera. “Se constató indicios de operaciones extractivas a gran escala al margen de la normativa vigente”, afirmó la institución bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia. La AJAM explicó que con el objetivo de preservar la reserva de la inspección y garantizar el desarrollo del operativo, el personal técnico utilizó un vehículo de transporte público, cuyos responsables desconocían el propósito institucional del traslado. Sin embargo, una vez concluida la intervención, el conductor habría recibido amenazas contra su integridad física y su vehículo, situación que generó preocupación en la institución por los riesgos que enfrentan quienes colaboran con las labores de control y fiscalización. Ante este hecho, responsabilizó a las autoridades de la comunidad de Mayaya, así como a las personas y miembros de cooperativas que presuntamente desarrollan actividades mineras ilegales en el sector, por cualquier hecho que pudiera poner en riesgo la integridad física del transportista o del personal que participó en la inspección. La entidad denunció también que durante la inspección se identificó a una persona conocida como «Chembo», quien ocupa un alto cargo dentro de la comunidad de Mayaya y que habría manifestado contar con supuestos vínculos o acuerdos con altas autoridades y entidades públicas para respaldar las actividades desarrolladas en el sector. “La institución desmiente de manera categórica estas aseveraciones, que son falsas, carecen de sustento y no cuentan con ningún respaldo oficial, por lo que anuncia el inicio de las acciones legales correspondientes”, afirmó. La AJAM exhortó a la población a no dejarse inducir por declaraciones que puedan generar confusión sobre la legalidad de las actividades mineras desarrolladas en la zona. Recordó que cualquier amenaza o acto de intimidación contra funcionarios públicos y terceros que colaboran con los operativos de control será puesto en conocimiento de las instancias competentes. (ABI)

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Bolivia activa investigación internacional con Interpol por captación de connacionales

La investigación sobre la captación de bolivianos para combatir por Rusia en la guerra contra Ucrania trasciende las fronteras y busca, con apoyo de la Interpol, trazar la ruta de la trata de personas y su modus operandi. Mientras tanto, en Bolivia, las pesquisas ya dejan cuatro personas aprehendidas, que serán puestas ante un juez cautelar. La fiscal superior Alejandra Rocha informó que las investigaciones tienen como base tres denuncias presentadas en Santa Cruz por familiares de bolivianos captados con promesas de atractivos pagos económicos en dólares y trasladados a Rusia, donde fueron incorporados al Ejército y enviados a las zonas de combate. Hasta el momento se tiene el reporte de 16 connacionales trasladados a Rusia, aunque no se descarta un número mayor. De dos de ellos, sus familiares recibieron un reporte no oficial de que perdieron la vida en la zona de conflicto; otro salió con vida y tramita su repatriación junto a su hermana, quien viajó hasta Rusia, mientras que del resto no se tienen mayores datos. “Estamos trabajando de la mano no solamente de la Policía Boliviana, sino también de Interpol, porque necesitamos que los países involucrados —es decir, el país de origen, el de tránsito y el de destino— den cuenta de cuál ha sido la ruta que han seguido estos ciudadanos. Entonces ya se han emitido los requerimientos correspondientes y las solicitudes de asistencia a través de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General”, explicó en Red Uno. Según los datos proporcionados, los reclutados por los denominados “intermediarios” salieron de Bolivia hacia Brasil por vía terrestre y, desde allí, fueron trasladados por vía aérea hasta Rusia, con escalas en países como Turquía. Sus pasaportes y todos los trámites necesarios eran cubiertos por los captadores, debido a que sus víctimas eran personas en situación de vulnerabilidad o de bajos recursos económicos. Sin embargo, lo invertido por los captadores era descontado apenas los reclutados recibían el pago por la firma del contrato. La hermana de uno de los captados contó desde Rusia a Red Uno que a su hermano le exigieron el 70% de los 13.000 dólares que recibió y que no le cumplieron ninguno de los otros ofrecimientos, como los pagos mensuales de más de 2.700 dólares. Las investigaciones permitieron identificar y detener en la ciudad de Santa Cruz a cuatro personas relacionadas con los hechos, enmarcados en el delito de trata de personas con fines de reclutamiento para participar en conflictos bélicos. Amador M., identificado por los familiares de las víctimas como el principal captador de bolivianos, permanece prófugo. A partir de la información recolectada durante la investigación, se establecieron elementos de participación de los cuatro detenidos en la captación y el traslado de bolivianos a la zona de guerra, por lo que fueron imputados y serán sometidos a una audiencia de medidas cautelares, en la que se definirá si se defienden en libertad o desde la cárcel. “En las próximas horas tendremos más información porque ya vamos a tener, seguramente, el resultado de todas estas peticiones realizadas por el Estado boliviano a través del Ministerio Público”, explicó en torno a las gestiones ante Interpol y países como Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay para definir la ruta de este ilícito y sus posibles conexiones. VISIÓN 360

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Bolivianos en Rusia: ¿Combatientes, mercenarios o víctimas de trata?

El reclutamiento de jóvenes bolivianos para la guerra en Rusia y Ucrania ha destapado una red global de trata de personas, según denuncias en Santa Cruz. Al menos una treintena de compatriotas habrían sido captados con la promesa de empleo y salarios en dólares, pero terminaron en el frente de batalla. El experto en seguridad y defensa Samuel Montaño explicó que esta red aprovecha la necesidad económica para convencer a los jóvenes con engaños y promesas de salarios en dólares. Señaló que los países en conflicto recurren a extranjeros porque su propia población se niega a participar y advirtió que recuperar los cuerpos de los fallecidos es poco probable por el alto costo económico. El especialista en derecho y geopolítica internacional Franklin Gutiérrez sostuvo que el caso se adecua a la figura penal de estafa con contratos criminalizados, revelando un vacío legal internacional. La normativa actual castiga la trata de personas y el mercenarismo bajo el Derecho Internacional Humanitario, pero no tipifica la captación de nacionales para guerras extranjeras. El Ministerio Público activó investigaciones de oficio por trata y tráfico de personas y solicitó cooperación internacional. El debate plantea una interrogante de fondo: los bolivianos reclutados son combatientes, mercenarios o víctimas de trata de personas en un negocio transnacional con modus operandi consolidado y vacíos legales que dificultan sancionar el reclutamiento de nacionales en conflictos armados. La Embajada de Rusia en Bolivia negó cualquier vínculo con el reclutamiento de ciudadanos bolivianos para participar en el conflicto bélico, y en su lugar, ha acusado a Ucrania de captar y llevar a bolivianos y otros extranjeros a la guerra. ÁNGEL LOZANO-RTP

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Zúñiga revela tres llamadas de Arce el 26J

El juicio contra Juan José Zúñiga por el presunto intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024 ingresó en una fase decisiva, marcada por las declaraciones de los acusados, la ratificación de la acusación fiscal y la apelación del Ministerio Público contra la cesación de la detención preventiva del excomandante. Durante la segunda jornada, cinco de los 22 procesados prestaron declaración ante el Tribunal, insistiendo en que la movilización militar habría sido parte de un ejercicio ordenado por el presidente Luis Arce. Esta versión, sostenida por las defensas, busca instalar la idea de que la acción militar no fue autónoma, sino inducida desde el poder político. El propio Zúñiga, excomandante de las Fuerzas Armadas, aseguró haber recibido tres llamadas telefónicas del mandatario antes de la movilización. Su defensa considera que el contenido del celular del general es una prueba clave para esclarecer si existió coordinación o instrucción directa desde el Ejecutivo. La Fiscalía Departamental de La Paz ratificó la acusación formal, subrayando que, aunque no haya víctimas directas, la ocupación militar de la plaza Murillo constituye un hecho antijurídico que vulnera el orden constitucional. En paralelo, el Ministerio Público presentó una apelación contra la decisión judicial que concedió la cesación de la detención preventiva a Zúñiga, buscando revertirla. El caso se ha convertido en un punto de tensión política: por un lado, el Gobierno intenta reafirmar la narrativa de un golpe militar frustrado; por otro, las defensas plantean que se trató de un ejercicio militar manipulado para justificar medidas de control político. Mientras tanto, la esposa de Zúñiga aseguró que el excomandante permanecerá en Bolivia y cumplirá con las disposiciones judiciales, en un proceso que podría redefinir la relación entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno. MARISOL MURILLO-RTP

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Fiscal General anuncia investigación por bolivianos llevados a Rusia para ser parte de la guerra con Ucrania

El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, anunció este martes que el Ministerio Público ya investiga las denuncias sobre bolivianos que presuntamente fueron reclutados para ser llevados a Rusia y participar en la guerra contra Ucrania. “Ya hay una investigación, yo les pido que por favor tengan paciencia conjuntamente con el fiscal que lleve adelante la investigación, se va a informar en su momento”, sostuvo la autoridad al ser consultada por los periodistas. En esta línea, Mariaca también pidió a los familiares apersonarse a la Policía o la Fiscalía para poner este tipo de situaciones en conocimiento de las autoridades y señaló que también se aguarda la respuesta de instancias internacionales. El pronunciamiento surge luego de que se conocieran denuncias de familias que aseguran que ciudadanos bolivianos fueron captados con la promesa de recibir al menos $us 16.000 por un supuesto entrenamiento militar, pero terminaron en el frente de combate. Entre los casos conocidos figuran dos jóvenes presuntamente fallecidos y otros dos que resultaron heridos. Estos últimos informaron que fueron heridos durante una misión de combate. “Vamos a realizar las diligencias necesarias, llamar a todos los familiares que puedan acercarse tanto a la Policía Boliviana o al Ministerio Público. Tenemos la Fiscalía especializada en Trata y Tráfico de Personas que ya está activada”, subrayó el fiscal general. (LOS TIEMPOS)

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